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EL GOBIERNO DISPONE DE CASI 7 MILLONES DE EUROS PARA HACER FRENTE A SENTENCIAS FIRMES.

CELEBRADO EN LA MAÑANA DE HOY UN PLENO EXTRAORDINARIO, EL PRIMERO TRAS EL ESTADO DE ALARMA, EN EL QUE SE HA FACULTADO A LA ALCALDESA PARA FORMALIZAR EL PRÉSTAMO SOLICITADO EN SEPTIEMBRE DE 2019 PARA HACER FRENTE AL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES POR UN IMPORTE CERCANO A LOS 7 MILLONES DE EUROS.

Este último trámite administrativo ha contado con el voto favorable de 20 concejales y la abstención de los representantes de Unidas Podemos e Inpar.

El pasado 13 de septiembre del año pasado se aprobó, en un Pleno extraordinario, la adhesión a un nuevo Fondo de Ordenación con el fin de poder hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes, por importe de 6.887.026,39 €, y cuyo cumplimiento ningún miembro de la Corporación municipal podía ni debía obviar de conformidad con lo previsto en la vigente legislación. Este hecho obliga necesariamente a un nuevo planteamiento del Plan de Ajuste respecto al Vigente, que permitirá, además de hacer frente a las necesidades financieras para poder hacer frente al pago de las sentencias mencionadas, plantear nuevas medidas de ingresos, que implicarían una rebaja fiscal en relación al plan de ajuste anterior, así como nuevas medidas de contención del gasto.

Fue el pasado 3 de marzo de este mismo año cuando entró por registro una notificación de la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local respecto a la valoración favorable del Plan de Ajuste remitido, aceptando con ello la financiación de las sentencias pretendidas por el importe total acordado.

Finalmente, el último paso a realizar para poder aceptar el préstamo que se ha solicitado es mediante un acuerdo de Pleno en el que se faculte a la Alcaldesa, o al Concejal en quien delegue, tan amplia y expresamente como en Derecho fuera necesario, para la formalización de la operación de préstamo y la firma de cuantos documentos sean necesarios y así poder pagar las sentencias pendientes.

Ha sido el primero de los plenos celebrados tras la convocatoria del estado de alarma en todo el país, unos hemos estado presentes en el auditorio del Centro Cultural, ubicación elegida para que los asistentes al mismo pudiesen mantener la distancia de seguridad, y otros han asistido de manera telemática, quizás sea esta la nueva normalidad plenaria a partir de ahora. Resumiendo, todos los partidos políticos han votado a favor de este trámite salvo Unidad Podemos e Inpar, que se han abstenido según sus propias palabras para no bloquear este trámite aún no estando de acuerdo con el plan de ajuste aprobado en 2019.

Hay que recalcar que el Plan de Ajuste aprobado en Pleno en septiembre de 2019 y refrendado por el propio Ministerio apenas unos días antes de que entrara en vigor el estado de alarma por la alerta sanitaria, es muy distinto al aprobado por el Partido Socialista y sus socios de gobierno en 2017. El del Partido Socialista prácticamente cargaba a los vecinos y empresarios de Aranjuez con la totalidad de las medidas de aumento de presión fiscal. El de 2019, con el voto a favor de acipa, creaba dos medidas de incremento tributario que no tendrían que soportar los vecinos de nuestra ciudad. Tasas como la de bomberos, a cargo del arbitrio de incendios, o la tasa a las eléctricas por el transporte de sus mercancías a su paso por Aranjuez, son un ejemplo de este tipo. Como la puesta en marcha de los estudios para, a partir del año que viene, contar por fin con un plan de eficiencia energética tras años de anuncios por parte de anteriores gobierno que quedaban en nada.

No podemos compartir las críticas de parte de la oposición sobre estas medidas, diciendo que las cifras aportadas eran poco realistas, o directamente mentirosas, pues con estas palabras cargan contra los propios servicios técnicos municipales que han sido los encargados del ajuste y diseño final de estas medidas. La tasa de bomberos existe en dos municipios madrileños, Torrejón de Ardoz (PP) y Rivas-Vaciamadrid (IU) y en su diseño los servicios técnicos contaron y cuentan con la colaboración de sus homólogos de dichos municipios. Para la tasa a las eléctricas se ha hecho otro tanto con municipios como Arteixo, en La Coruña y por el hecho de ser una tasa nueva, las estimaciones económicas de ingreso son eso, estimaciones, prudentes.

Conviene recordar que la tasa de cajeros en 2015 se aprobó en el Plan de Ajuste de 2017 con una estimación de cobro de 50.000 euros, y que finalmente se estimó su recaudación en alrededor de 18.000, lo que demuestra que las figuras tributarias al inicio de su andadura necesitan ajustes para adaptarse a la realidad fiscal, pero también conviene recordar que cifras como las barajadas para el ahorro energético pueden ser duplicadas con los nuevos contratos de eficiencia energética, por lo que las estimaciones finales de ahorro serían sustancialmente superiores.

Para el portavoz de acipa, Jesús Mario Blasco Blanco, “es lógico que no guste un Plan de Ajuste puesto que este, per se, es indicativo de una pésima situación económica, de desequilibrios presupuestarios, de deudas imposibles de pagar por nuestros propios medios, de tensiones de tesorería imposibles de asumir… Y, no olvidemos, de pérdida de autonomía económica, teniendo que ser presupuestos y tasas supervisados por el Ministerio. Nos habría encantado que el parque de vivienda de Savia hubiese sido público, pero la incapacidad de obtener ni siquiera un porcentaje de quita a Liberbank obliga a enajenar dicho Patrimonio, si bien en dicha enajenación se deberán aplicar condicionantes sociales. Nos habría encantado tener esos superávit que ayuntamientos como el de Madrid o Vigo piden utilizar, pero en su lugar lo que tenemos que pedir es que nos flexibilicen el Plan de Ajuste”.

“Y es en esta cuestión en la que nos tenemos que centrar. Como ya dijimos del Plan de Ajuste de la pasada legislatura, incluso el recientemente aprobado es ya obsoleto, pues responde a una realidad que ha salido volando en apenas tres meses, por la catástrofe sanitaria (y económica y social) que ha sufrido nuestro país, y singularmente nuestra región y Aranjuez por ende. Compartimos que más que pedir debemos exigir que se flexibilicen los plazos y que lleguen fondos a los Ayuntamientos de la misma manera que el Estado pide a Europa que le haga llegar fondos europeos, pues los consistorios hemos realizado un esfuerzo asumiendo competencias ajenas y situaciones para las que las administraciones superiores no nos han dotado económicamente. Estamos en este tiempo nuevo, Aranjuez se ha comprometido a través de sus partidos políticos a asumir sus deudas (refrendado por el pleno de ayer) pero también exige un compromiso recíproco por parte de aquellos que administran la autonomía financiera que en su día perdimos.”