EL EQUIPO DE GOBIERNO CONSUMA SU HUÍDA HACIA DELANTE TRAS ROMPER LA NEGOCIACIÓN CON EL RESTO DE FUERZAS POLÍTICAS Y APROBAR UN DECRETO DE NULA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y DUDOSA LEGALIDAD
La alcaldesa firma un decreto declarando “vigente” el acuerdo plenario del 5 de julio de 2011 evidenciando una muy pobre capacidad de diálogo y que opta por la política de órdagos y hechos consumados cada vez que se le presenta una dificultad, obviando que la Corporación emanada de las urnas el pasado 24 de mayo es muy diferente de aquella con la que pretende dar cobertura al decreto.
- 2015/07/22 10:13:36
La decisión tomada por el equipo de gobierno sienta precedentes muy peligrosos, que los decretazos y las decisiones unilaterales de más que dudosa legalidad sustituyan a lo que deben ser acuerdos globales entre todas las partes, algo muy sano en Democracia y más aún en una Corporación tan plural. Para empezar, la decisión adoptada ya es indefendible desde el punto de vista político, porque esta decisión no emana de la nueva realidad política refrendada por los Ciudadanos el pasado 24 de mayo, sino de la interpretación parcial (casi podría decirse que a la carta) de un acuerdo plenario de 2011 que la oposición de entonces, PSOE incluido, protestó enérgicamente, por considerarla injusta. El Partido Socialista llegó incluso a levantarse y marcharse del Pleno tras calificar la medida adoptada por el Partido Popular como “secuestro de la capacidad de hacer oposición”.
Desde acipa rechazamos aquel acuerdo por considerar que no se daban medios suficientes a la oposición, pero lo respetamos por venir avalado por una votación plenaria, esto es, por la Corporación que los Ciudadanos eligieron el 22 de mayo de 2011. Hoy, 21 de julio de 2015, el partido Socialista declara “vivo” tal acuerdo, sin importarle que esa corporación ya no existe, por la aparición de nuevos partidos y un nuevo balance de fuerzas. Y, lo que es peor, sin importarle que ese acuerdo fue rechazado por ellos mismos. Curiosa manera de defender principios, unos desde la oposición y otros desde el gobierno.
Con este decreto, la alcaldesa se arroga una potestad que solo puede corresponder al máximo órgano de gobierno de Aranjuez, como son los Plenos de la Corporación Municipal, ya que según el Reglamento Municipal del Ayuntamiento de Aranjuez en su artículo 9.1, la dedicación exclusiva y las diversas retribuciones se establecen por Pleno. Pretender repescar un acuerdo de una Corporación pasada, aunque no haya aún un acuerdo de la nueva que lo deje sin efecto es políticamente inadmisible, por muchos ropajes presuntamente legales con el que se lo pretenda vestir. Aún más inadmisible cuando no se han agotado las vías negociadoras.
El equipo de gobierno no puede jugar a los equívocos e intentar confundir equiparando un fracaso en la negociación con un plante y una ruptura de las mismas. Cuando una negociación a varias bandas no prospera, puede deberse a muchos factores y todas las partes pueden tener su parte alícuota de responsabilidad. Pero cuando alguien se levanta de la mesa de negociaciones y las rompe unilateralmente es inequívocamente responsable de ese hecho. Y esta fue la actitud del equipo de gobierno con su rueda de prensa del pasado lunes 13 de julio, en la que atacó de forma inmisericorde a todas las fuerzas políticas de Aranjuez, independientemente del comportamiento de cada una en la negociación.
La alcaldesa de Aranjuez no puede decir que su decreto tiene precedentes en otros municipios, porque con respecto a los casos que alude, Pozuelo de Alarcón tiene mayoría absoluta, Leganés ha sacado adelante el acuerdo plenario con apoyo de otras fuerzas de la oposición, y en Barcelona al menos la alcaldesa de la Ciudad Condal ha tenido el coraje político de llevar la propuesta a Pleno, a sabiendas de que iba a ser rechazada en bloque. Aquí ha sido muy distinto, porque la alcaldesa dio por rotas las negociaciones prácticamente una semana antes de convocar el Pleno, quizá ya con este “plan B” encima de la mesa y por ello ni siquiera fue capaz de presentarlo.
Las negociaciones ni han sido, ni son ni serán fáciles, pero es ahí donde se tiene que ver la verdadera talla de los Representantes Públicos, siendo capaces de alcanzar consensos con todos aún desde la legítima disparidad ideológica, circunstancia que a acipa jamás le ha impedido alcanzar acuerdos a lo largo de sus 12 años de historia con gobiernos de uno u otro color político, poniendo por delante el interés general al particular.
Desde acipa insistiremos una y otra vez que hay que sentarse a negociar, todos los partidos, sin exclusiones de ninguna clase, sin cordones sanitarios, dejando afrentas atávicas, reproches y fobias a un lado y mirando por el bien común. La situación de Aranjuez exige altura de miras y Política con mayúsculas, y de momento esto está brillando por su ausencia. Sin embargo, si las actitudes actuales no cambian y se pretende mantener sine die el decreto, acipa adoptará las medidas políticas y/o legales necesarias para restablecer las condiciones que consideramos prioritarias para que los derechos democráticos de todos no se vean cercenados.