EL GOBIERNO MUNICIPAL APRUEBA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO A UN NUEVO FONDO DE ORDENACIÓN PARA HACER FRENTE AL PAGO DE SENTENCIAS FIRMES POR UN IMPORTE DE 6,8 MILLONES.
El pago de estas sentencias implica la modificación del actual plan de ajuste vigente, de la pasada legislatura, en el que los ingresos solo provenían de la subida de impuestos a los ciudadanos y la implantación del IBI diferenciado. Ahora se han buscado otras medidas recaudatorias que no meten la mano en el bolsillo de los ribereños.
- 2019/09/16 13:55:56
En la mañana de hoy viernes se ha celebrado un Pleno Extraordinario para solicitar la adhesión a un nuevo Fondo de Ordenación con el fin de poder hacer frente al pago de sentencias judiciales firmes, por importe de 6.887.026,39 €, y cuyo cumplimiento ningún miembro de la Corporación municipal puede ni debe obviar de conformidad con lo previsto en la vigente legislación. Este hecho obliga necesariamente a un nuevo planteamiento del Plan de Ajuste respecto al Vigente, que permitirá, además de hacer frente a las necesidades financieras para poder hacer frente al pago de las sentencias mencionadas, plantear nuevas medidas de ingresos, que implicarían una rebaja fiscal en relación al plan de ajuste anterior, así como nuevas medidas de contención del gasto.
Jesús Mario Blasco Blanco, Concejal Portavoz de la Agrupación Ciudadana Independiente reflexiona sobre el pago sistemático de sentencias urbanísticas “que no han hecho sino lastrar el crecimiento de nuestro municipio. Observamos con envidia cómo en otros muchos municipios gracias al desarrollo urbanístico las ciudades han crecido, han transformado su territorio y ha aportado económicamente. Sin embargo los últimos 20 años de distintos gobiernos, y las sentencias en contra no han hecho sino ir apretando un poco más la soga, asfixiando económicamente a nuestra localidad. Más de 50 millones de euros, mucho más que un presupuesto anual, producto de desastrosas operaciones urbanísticas. Y lo peor de todo es que aún quedan sentencias por llegar que puede terminar por acabar con Aranjuez, haciendo económicamente insostenible la gestión municipal”.
Las medidas que hemos propuesto no son ideas felices ni producto de la improvisación, sino que incluso fueron aportadas en la pasada legislatura, sin que el entonces equipo de gobierno las tuviera en consideración. Resulta curioso que ahora pidan informes y estudios sobre las mismas cuando hace más de un año y medio se aprobó una propuesta de acipa para estudiar precisamente estas medidas de recaudación que no afectan al bolsillo del ciudadano. ¿Qué hicieron en este año y medio? ¿Dónde están todos esos planes de eficiencia energética, las auditorías eléctricas edificio por edificio, los estudios del gasto en alumbrado público…? El tiempo lamentablemente nos ha dado la razón respecto a la carencia de 2016. Unos años que deberían haberse aprovechado para hacer las reformas que Aranjuez necesita y por desgracia eso no ha ocurrido. Ahora, con la losa de más sentencias (algunas de ellas, firmes desde enero de 2019, sin pasar por Junta de Gobierno ni aplicar al presupuesto. Otras, como la de Puente Largo, que puede ser demoledora para Aranjuez -producto de otra desastrosa actuación urbanística- ya nos condena y está determinándose el justiprecio que tendríamos que pagar, que podría ser de hasta ocho dígitos, no fueron informadas siquiera al pleno) toca hacer las reformas a contrarreloj.
Pese a la notable mejoría en el nuevo Plan de Ajuste, no debemos olvidar que no ha sido posible aún eliminar todas las subidas de impuestos previstas para estos próximos años, aunque se ha pospuesto para dentro de un año, pues con el anterior plan de ajuste tocaba aplicarlas ya. Esto supone un balón de oxígeno temporal para hacer las reformas necesarias y sobre todo, atraer inversión para que sea dicha inversión externa la que contribuya decisivamente a las arcas municipales, y así acabar definitivamente con todas las subidas que otros dejaron como “regalito” a la corporación siguiente.
No podemos olvidar que el anterior gobierno municipal optó, en el Plan de Ajuste que aprobaron, por la medida más fácil, subir los impuestos a los ribereños… pero con trampa, puesto que dejaron dicha subida marcada para esta legislatura que comienza, establecida de forma progresiva cada año, hasta 2021, en el que algunos quedaban fijados en el máximo para años sucesivos.
Para hacer frente al pago de esta nueva deuda contraída, se ha buscado incrementar los ingresos con las que ir sustentando el balance presupuestario, las principales medidas son las siguientes:
• IBI: se anula la subida prevista para el IBI Urbana en el año 2020 y se traslada dicha subida al año 2021, es decir, se ha previsto una subida para el ejercicio 2021 del tipo general del Impuesto sobre Bienes de Naturaleza Urbana del 0,44% al 0,47% (incremento del recibo del 9,3 %). Para el resto de ejercicios, no se prevé ninguna subida del IBI Urbana, por lo que se anularía el incremento del 0,52 % (incremento del recibo del 21%) previsto para el ejercicio 2021.
• Se van a anular los porcentajes de subida previstos del IBI diferenciado en el anterior Plan de Ajuste.
• Se va a implantar la Tasa por el mantenimiento del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, iniciándose el cobro de la misma en el ejercicio de 2021. A falta del estudio de costes, que determinará el precio concreto de la Tasa, se ha optado por calcular el importe de 1.052.728,82 €, que supone un 30% sobre el cien por cien de la prima de incendios más el 50% de la prima de multirriesgos, y que se trasladará a las aseguradoras.
• Implantación para el ejercicio 2021 de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, que supondrá un incremento de ingresos estimado en 100.000 €.
Por el lado de los gastos, las principales medidas previstas son:
• Reducción del gasto estructural correspondiente a la oferta de empleo público de 20 plazas de operarios de jardinería y otros servicios planteada en el Plan de Ajuste vigente.
• Plan de Eficiencia Energética, que supondría una rebaja a partir del año 2021 de, al menos, el 20% del gasto total anual, en atención a los siguientes aspectos:
1. Adecuación de las potencias contratadas a las necesarias.
2. Eliminación de las tarifas de último recurso en la facturación, que incrementa los pagos en un 20%.
3. Reducción del consumo gracias a elementos de eficiencia energética, por ejemplo, en el alumbrado público.
4. Concurrencia competitiva de un proceso de contratación.