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RED DE CIUDADES QUE CAMINAN PROPOSICIÓN PLENO DICIEMBRE 2022.

PROPOSICIÓN QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN PARA QUE SE ESTUDIE LA ADHESIÓN DE ARANJUEZ A LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN.

Hace ya más de dos años (concretamente, en julio de 2020) los Grupos Municipales de Partido Socialista y Acipa elevamos al Pleno de la Corporación una proposición con el fin de urgir al Gobierno Municipal a que elaborara un protocolo anticontaminación y un espacio de bajas emisiones, así como a los Gobiernos de Comunidad de Madrid y de la Nación a que tomaran las medidas legislativas y económicas encaminadas a que los municipios de más de 50.000 habitantes pudieran alcanzar los objetivos para cumplir con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de 2021. En concreto, obliga a los aproximadamente 150 municipios españoles de más de 50.000 habitantes a tener áreas de circulación restringida para los vehículos contaminantes.

Sin embargo, pese a que se han establecido unas directrices genéricas para implementar estas medidas, dando cierto margen a los consistorios, no establece qué clases o categorías de vehículos tendrán o no prohibido el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones (en adelante, ZBE)

Dentro de estas directrices, resumiendo mucho, el proyecto de ZBE debe contar, mínimamente: a) Localización del área objeto de la mejora de la calidad del aire. b) Estimación de la superficie de la “zona contaminada” (km2) y de la población expuesta a la contaminación, datos climáticos, topográficos… c) Naturaleza de la contaminación, concentraciones observadas en el tiempo, d) Origen de la contaminación e) Análisis de la situación, f) Lista y descripción de todas las medidas previstas en el proyecto de ZBE g) Soluciones tecnológicas para la implantación de las ZBE, potestades administrativas (sancionadoras) h) Análisis jurídico de la naturaleza, derechos y obligaciones de la ZBE a implantar i) Análisis del impacto social y económico al implantar la ZBE j) Lista de publicaciones, documentos, trabajos… que completen la información del proyecto de ZBE k)  Procedimientos para asegurar cumplimiento y revisión l) Plan de sensibilización, comunicación y participación, estableciendo un diálogo con ciudadanía y agentes (…)

Afinando un poco más, y dentro de los requisitos para la financiación de la creación de las ZBE (dentro del borrador de las bases reguladoras para las ayudas contempladas en el Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático, PIMA) nos encontramos otra serie de requisitos más restrictivos, que no tienen rango de Ley pero sí son bastante ilustrativos.

Así, 1) La superficie mínima de la ZBE deberá ser mayor de 0,2 m2/habitante. 2) La superficie de viario (peatonal, carril bici y vías pacificadas) respecto a la superficie del viario público total será superior al 5%. 3) El diseño de la ZBE contemplará la peatonalización de nuevos tramos. 4) El porcentaje de vehículos del parque móvil afectados del municipio será superior al 20%. 5) Dispondrá de controles de acceso regulados con sistemas digitales y dispondrá de señalización y paneles informativos. 6) Deberá contemplarse dentro de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y 7) Para su creación deberá llevarse a cabo un proceso de participación ciudadana.

Insistimos, información práctica pero sin alcance legislativo, más allá de ser bases para otorgamiento de ayudas públicas. Es por esta razón por la que la Federación Española de Municipios y Provincias ha solicitado ya en varias ocasiones (la última, muy recientemente) al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, un aplazamiento para la obligación de las ciudades de establecer estas ZBE. Según ha insistido su Presidente, D. Abel Caballero, es indispensable el Real Decreto por el que se regularían estas Zonas y que se desarrolle la Ley para que los Ayuntamientos puedan establecer las correspondientes ordenanzas reguladoras para estas ZBE. Uno de los puntos más preocupantes del desarrollo de estas medidas estaría en la inseguridad jurídica. Sobre seguridad jurídica en el planeamiento urbanístico también se ha defendido impulsar una mayor autonomía a los consistorios frente a las CCAA, así como permitir su adaptación a la evolución de las condiciones socioeconómicas.

Como es evidente, los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, además de con su representación a través de la FEMP, están movilizándose en diversos ámbitos para hacer que la adopción de las medidas sea más fácil y eficiente, sino que también responda a las características propias de las ciudades. Porque como podemos ver, la necesidad de implantación de una ZBE nace de la premisa de que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen per se problemas de contaminación (sin atender al tamaño relativo de la ciudad, actividad económica, ubicación geográfica, régimen de vientos, precipitaciones, etc…) y eso, entendemos, es un error. Yendo al caso concreto de Aranjuez, una ZBE, más que efectos sobre la concentración de contaminantes (que lógicamente también tendría) los tendría sobre la potenciación de la movilidad sostenible y los aprovechamientos de las potencialidades económicas y culturales. Es por ello que Aranjuez debe fijarse en casos similares para poder actuar de manera más certera.

Otro efecto pernicioso que creemos debe evitarse es la percepción en parte de la ciudadanía de que estas medidas no persiguen más que objetivos recaudatorios, que se coarta la libertad de desplazamiento y que se conmina (en una situación económica muy desfavorable) a la adquisición de vehículos eléctricos o ECO, con precios en ocasiones poco competitivos y con una red aún deficiente de puntos de recarga.

Entendemos que estos NO son los objetivos que persigue la ley, y mucho menos son los objetivos que deben guiar a los consistorios a la hora de implantar una ZBE, por más que ya se empieza a hablar en algunos ámbitos (por suerte, minoritarios) de la implantación de “tasas de congestión” o peajes de acceso a los centros, al estilo de otras ciudades europeas. Una medida de dudoso encaje en nuestro país y que penalizaría precisamente a las personas con mejor renta.

Ante esta tesitura, una Red formada por más de 80 ciudades españolas y dos diputaciones, llamada Ciudades que Caminan, ha presentado alegaciones a la Ley de Movilidad Sostenible y al Real Decreto regulador de estas futuras ZBE. En general, reclaman tanto la flexibilización de plazos como los requisitos básicos de implantación. El actual presidente de esta red, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha reclamado la puesta en marcha de una Tercera Vía, o modelo pontevedrés, para evitar peajes, multas y mejorar en la seguridad jurídica.

La Tercera Vía o modelo pontevedrés implica la consecución de los objetivos de las ZBE “sin cobrar por entrar en las ciudades o poner cámaras para multar a los vehículos por no tener etiquetas o sello ecológico”, en palabras del regidor de Pontevedra. Para ello pone de modelo el implantado en su propia ciudad, que ha conseguido la mejora de la calidad ambiental, y hasta económica y cultural de la ciudad a base de peatonalizaciones y de pacificación de vías urbanas. En sus reclamaciones ante el Ministerio, la Red Ciudades que Caminan reclama que ningún vehículo tenga límites de circulación por áreas de tráfico pacificado, evitando agravios entre la población que puede permitirse comprarse un coche menos contaminante y los que no. Además, la Red incorpora ya a través de sus ciudades inscritas, reformas urbanas para recuperar espacios públicos para los peatones, que debe ser (entendemos) el objeto y finalidad de la creación de las Zonas de Bajas Emisiones, recuperar la ciudad para los peatones, los vecinos y los visitantes, pero siempre sin generar problemas colaterales.

La Red Ciudades que Caminan proporciona a las ciudades que la integran el aprendizaje en red, compartiendo las experiencias y conocimientos con otras ciudades con intereses y problemáticas similares y, amén de otros beneficios, supone un altavoz e interlocución con las administraciones supralocales para poner en marcha medidas a favor de la “caminabilidad”. A esto cabe añadir la participación en campañas de divulgación para la Semana Europea de la Movilidad, participación en talleres temáticos y gozar de asesoría técnica compartida. El hecho de compartir experiencias, trabajar en red para conseguir proyectos de movilidad sostenible y mejorar la interlocución con los organismos supramunicipales entendemos que podrían ser razones como para que un municipio como Aranjuez pueda adherirse. Y no nos referimos solo por el hecho de estar redactando (como otros municipios que integran la Red) el PMUS, sino porque proyectos que se van a ejecutar a corto, medio y largo plazo (como las Áreas de Rehabilitación Integral y Regeneración Urbana o la Estrategia de Infraestructura Verde en el Paisaje Cultural de Aranjuez) pueden ser ejemplos de buenas prácticas, como ya lo fueron otros en diversos foros, como Arandando en 2010.

Creemos que, como ya han hecho otros municipios madrileños, al menos debería estudiarse la adhesión a esta Red de ciudades que apuestan por la movilidad sostenible y por la consecución de los objetivos de mejora de la calidad ambiental apostando por la peatonalización y la pacificación del tráfico.

Por todo ello, la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la Corporación la siguiente Proposición:

  • Que se estudie la adhesión del Ayuntamiento de Aranjuez a la Red de Ciudades que Caminan, con el fin de favorecer la adopción (a nivel técnico y económico) de sinergias, compromisos y proyectos que fomenten la cultura de caminar, facilitar los desplazamientos a pie y desarrollen la movilidad peatonal como medio principal de desplazamiento en el área urbana.