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10/05/2017 CAMBIOS LEY DEL SUELO PROPUESTA PLENO MAYO 2017.
201705 PROPUESTA QUE PRESENTA LA AGRUPACIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE LA NUEVA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SUS AFECCIONES AL DESARROLLO DE LOS SECTORES URBANIZABLES NO SECTORIZADOS.
 
  
      
 
 


Aranjuez se encuentra sumido en una preocupante situación de depresión económica de la que parece no poder salir. Más aún, parece profundizar en ella como si un gigantesco maelstrom se la estuviese tragando. Años, décadas… de gobiernos de todos los colores (a nivel local, regional, nacional) no han logrado detener esta espiral. Tras años de expansión en los que se ingresaban más de diez millones de euros anuales en concepto de impuestos por actividad urbanística, se pasó a ingresar poco más de medio millón, a lo que hubo que sumar la progresiva desmantelación del tejido industrial de Aranjuez y el cierre de multitud de comercios y pequeñas empresas a causa de la devaluación económica de los bolsillos de todos los Ribereños.

No es la primera vez que tocamos este tema, que ha sido objeto de estudios, pactos y más pactos, comisiones… para al final tener una idea meridianamente clara. Una idea que independientemente de ideologías y de folcklore político, todos tienen interiorizada. Aranjuez, por diversas razones que se han expresado muy profusamente a lo largo de los años, ha perdido competitividad. No la ha perdido por carecer de fortalezas o potencialidades. La ha perdido por no saber explotarlas, bien por incapacidades propias, o bien a causa del marasmo administrativo que confluye en estos poco más de 200 kilómetros cuadrados.

Una vez introducido el debate, y toda vez que la inmensa mayoría por no decir todos tenemos interiorizado que tenemos un problema, o varios, que nos impide desarrollarnos de acuerdo a nuestras fortalezas (que por fortuna son muchas) se debe poner solución. Ya hemos tenido ocasión de decir que Aranjuez no puede permitirse cuatro años “en barbecho”, porque ya acumulamos un considerable retraso con respecto a municipios de nuestro entorno, con mucho menos nombre y potencialidades, pero que supieron hacer sus deberes a tiempo, o bien tienen una idiosincrasia distinta que favorece otro tipo de desarrollo. También hemos comentado que Aranjuez tiene sobre la mesa una serie de proyectos o actuaciones que podríamos considerar “de Estado”, por ser totalmente trascendentes a la lucha política y al juego de mayorías. Proyectos de ser o no ser, generadores de empleo y actividad económica, que es justamente lo que nuestra ciudad necesita para salir del agujero. No vamos a enumerarlos, simplemente vamos a dejar constancia de su importancia para Aranjuez, y que dependen de la buena sintonía de trabajo con el resto de administraciones que confluyen en nuestra ciudad.

No somos los únicos, obviamente, preocupados por la marcha de estos proyectos y la posibilidad de enderezar el rumbo económico de nuestra ciudad. Entendemos que con diversos matices todos los grupos de la corporación comparten esta visión. Han sido varias las iniciativas que a este respecto han podido ser debatidas en sesión plenaria. Una de ellas solicitaba la revisión del Plan General. Una hoja de ruta para el desarrollo urbanístico con más de 20 años de vigencia, por tanto enormemente extemporánea que en pasadas legislaturas desde acipa solicitamos su revisión para adaptarlo a las nuevas realidades y necesidades. Sin embargo, en esta ocasión, las circunstancias obligaban a matizar esta petición. Estas circunstancias no eran otras que la revisión de la Ley del Suelo que se estaba acometiendo en la Comunidad de Madrid.

Tras años de vaivenes, con la introducción de medidas que demostraron no ser eficaces para frenar la especulación y que introdujeron inseguridad jurídica, como aquella famosa ley incluida en la de “medidas urgentes” que limitaba las alturas en desarrollos posteriores a 2007 a tres plantas más ático, salvo en el caso de la “edificación singular”, debidamente justificada. Esta ley, concebida para evitar la construcción de grandes urbanizaciones en medio de la nada, ha sido objeto de múltiples interpretaciones judiciales y lejos de añadir claridad, hizo naufragar desarrollos enteros, algunos de tanto tronío como la operación Calderón o Chamartín. También tuvo implicación en el desarrollo de ámbitos ribereños, como el de Puente Largo o de Cabezadas (si bien este último está aquejado de multitud de problemas más)

Por tanto, estaba claro que se debía afrontar la actualización de esta ley del suelo y qué mejor manera que hacerlo en conjunto, prescindiendo de más “parches” que no hacían sino empeorar las cosas. El momento elegido para este debate no podía ser más propicio. El urbanismo madrileño, tras años de fuerte crecimiento y una fortísima corrección posterior, parece estar recuperándose.

¿Cuál es el problema? En principio, la ley plantea novedades a priori muy beneficiosas, como planteamientos adaptados a la realidad de cada municipio. De este modo, municipios de menos de 5.000 habitantes y hasta seis millones de presupuesto podrían presentar PGOUs simplificados cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos, hacer el urbanismo más transparente y más abierto a la participación ciudadana. Como colofón, introduce -entre otras- novedades en lo referente a la regulación de los tipos de suelo.

La nueva ley mantendría las clases de suelo urbano, suelo urbanizable y no urbanizable, pero en este caso con matices. El suelo que hasta ahora se consideraba suelo urbanizable no sectorizado, pasaría a ser suelo no urbanizable común, sobre el que no se podría construir en ningún caso, salvo que se cambie su clasificación en el planeamiento general, a iniciativa de los propios ayuntamientos. En suma, la nueva ley pretende simplificar, pretende quizá el macizado de los cascos urbanos (sobre todo en los municipios de pequeño tamaño) evitando los crecimientos tentaculares y el exceso de mancha urbana. El problema es que a algunos municipios esta ley podría serles sumamente perjudicial.

Entre esos municipios está, lamentablemente, Aranjuez.

Ya decíamos al principio que Aranjuez tenía una serie de problemas respecto a la profusión de administraciones coexistiendo en un mismo espacio, sin tener una figura administrativa coordinadora por encima. De hecho, el Plan de Gestión del Paisaje Cultural intenta cuadrar una fórmula que haga posible al menos una mayor coordinación a la hora de gestionar el Paisaje Cultural. De hecho, la creación de este Plan de Gestión fue un imperativo por parte de la Unesco. Más allá de este Plan de Gestión aún no aprobado y del marasmo administrativo, cabe decir que buena parte del suelo del término municipal de Aranjuez cuenta con diversos grados de protección, y existen diversas zonas que funcionan como charnela de estos espacios, o como zonas tampón (que si bien no están protegidas en sí mismas, sí están sometidas a ciertas prescripciones para amortiguar los efectos del desarrollo urbanístico hacia aquellas que sí están protegidas.

Qué duda cabe que la necesidad de evacuación de sucesivos informes técnicos, declaraciones de impacto, permisos a diversas administraciones por ocupaciones o afecciones a terrenos de su titularidad… han ralentizado los procesos administrativos para poder desarrollar ámbitos que llevan décadas esperando materializarse.
Contrariamente a lo que suele pensarse, o decirse, Aranjuez sí tiene suelo industrial, y de hecho no necesitaría siquiera revisar el Plan General actual para ponerlo en el mercado. Desarrollos como Puente Largo suponen ya casi 3 millones de metros cuadrados con potencial para ser destinados en su casi integridad a la generación de actividad productiva. Estamos hablando de un espacio que acumula ya dos décadas de trámites, desde que se planteara a finales de los 80-principios de los 90 la construcción de un parque tecnológico. Tras la voluntad expresada por la multinacional Indra de instalarse y de ampliar las instalaciones que ya posee en la calle Joaquín Rodrigo, el 31 de octubre de 2009 se firmó un protocolo a tres bandas entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Aranjuez y el Consejero Delegado de Indra. Un protocolo que fue ratificado en junio de 2010 por el Gobierno de España, el Ministerio de Vivienda. Los cambios de gubernamentales y sobre todo normativos ralentizaron el proceso. En 2010 la Entidad Estatal de Suelo SEPES (propietario de la mayoría del suelo) llegó a contratar los proyectos, pero estaba en desacuerdo con el modelo de baja densidad establecido por la Comunidad de Madrid que chocaba con la rentabilidad que la entidad estatal deseaba. Tras el enésimo parche en la Ley del Suelo actual (la derogación de la “ley de las cuatro alturas” arriba referenciada) este problema podría estar en vías de solución. Paralelamente, un par de años antes, en 2014, se anunció que la Comunidad de Madrid pondría al propietario del suelo (como decíamos, el mayoritario, SEPES) una tramitación administrativa “expres” que permitiría a empresas interesadas como Indra obtener una licencia de obra y actividad en un periodo máximo de cuatro meses. Sea como fuere, han pasado ya tres años y el ámbito sigue estancado, pese a que nos consta que se siguen teniendo reuniones con el propietario estatal del suelo.

Otro sector importante es el conocido como sector IX (una vez que se unieron los IXa y IXb para hacerlos más competitivos) supone 260.000 metros cuadrados inmejorablemente situados, posibilitando la instalación o ampliación de empresas situadas en sus inmediaciones, como el centro de distribución de Cortefiel. Otros suelos como el de Cabezadas no obstante, como decíamos, se encuentran sumidos en una serie de “avatares” que en esta ocasión no viene al caso reseñar, encontrándose en estadios de desarrollo mucho menos avanzados que estos dos sectores antes referenciados.

Estos dos ámbitos no solo son importantísimos en cuanto a tamaño, sino en cuanto a posibilidades. Tal y como señalábamos, se trata de espacios que llevan mucho tiempo esperando ser desarrollados y llevan a sus espaldas complejos y largos procesos de tramitación administrativa, entendiendo además que se encuentran en las cercanías de espacios naturales protegidos, como puede ser el Parque Regional del Sureste o la Reserva Natural del Regajal. Sin embargo, en estos dos espacios, Puente Largo y sector IX (cerro de la linterna) estamos hablando de suelos urbanizables no sectorizados. De aprobarse y materializarse el actual borrador de la Ley del Suelo, que ya ha sido enviado a la Asamblea de Madrid para su debate parlamentario, Aranjuez podría perder de facto todo lo proyectado en lo referente a estos dos espacios. Habría posiblemente que reiniciar todo el planteamiento simplemente por un cambio normativo. Para Aranjuez supondría un durísimo golpe en sus expectativas de poder hacer realidad proyectos como el de la Ciudad de Indra (en el que nos consta estuvieron trabajando los dos anteriores gobiernos) o poder ofrecer en un futuro suelo a empresas como Cortefiel para la ampliación de sus instalaciones, entre otros.

Ya advertimos de este peligro en el seno del debate del “Pacto para el impulso de la actividad económica e iniciativas para el empleo” a principios del pasado mes de febrero, así como durante el debate de la propuesta para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En las aportaciones que hicimos llegar al documento final, advertíamos sobre la posibilidad de perder estos desarrollos (fundamentalmente Puente Largo y Cerro de la Linterna) y preguntábamos por las acciones a seguir para evitar que casi 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial se vayan por el retrete) Ya más recientemente, ante la ausencia de respuestas y preocupados por la llegada del borrador de Ley del Suelo a la Asamblea de Madrid (lo que augura una próxima aprobación) se nos confirmaba desde los servicios técnicos municipales que había que acometer, casi con premura, la sectorización de estos espacios para evitar su pérdida. Una tarea compleja que también demandará fondos económicos y que deberán ser contemplados de cara a la próxima elaboración de los presupuestos municipales.

Como decíamos, estos desarrollos no pueden permanecer más tiempo en esta situación de impasse . El 4 de abril de 2017 fue aprobado el texto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y se espera que antes del verano esté aprobado, tras lo cual los municipios tendrán un tiempo (podría ser de cuatro años) para adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones. De no hacerlo, el plan actual seguiría vigente pero no se podría realizar ninguna modificación puntual en el mismo. El actual borrador es producto de un año de negociación en el seno de una serie de mesas políticas y técnicas en las que ha participado la Federación Madrileña de Municipios, los Colegios de Arquitectos, de Ingenieros de Caminos, la federación de asociaciones de vecinos FRAVM, grupos ecologistas, foros empresariales y promotores urbanísticos, por lo que parece haber contado con un gran consenso, aunque lamentablemente parece que la problemática de municipios como Aranjuez no ha sido expuesta o tenida en consideración.

Desde acipa creemos que Aranjuez debe dar la batalla para no ser de nuevo el pagano y el principal perjudicado de un cambio normativo que por otra parte sí beneficiará a otros municipios madrileños. Aranjuez lleva décadas afectado por efectos frontera, por su particularidad geográfica que le hace estar rodeado de municipios de una comunidad vecina, en ocasiones con legislaciones más “laxas”, con suelos destinados a actividad productiva a coste prácticamente cero (y más tras el estallido de la burbuja) con vías de comunicación obsoletas producto de décadas de desinversión por parte de otras las administraciones, sufriendo la deslocalización de empresas o la no llegada de algunas buscando destinos menos complicados en cuanto a trámites burocráticos (como el sur metropolitano o el corredor del Henares) y ni por asomo puede permitirse perder dos de sus mejores espacios y con más expectativas de desarrollo.

Debe plantear las alegaciones oportunas, atendiendo a su singularidad, por la complejidad de su estructura administrativa y por las exigentes prescripciones medioambientales que debe cumplir.

La Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa) eleva al Pleno de la Corporación las siguientes Propuestas:

• Que los servicios técnicos municipales elaboren las correspondientes alegaciones al borrador de la Ley del Suelo en todos aquellos puntos que puedan resultar perjudiciales para la viabilidad de los desarrollos urbanísticos de Aranjuez y estas sean remitidas tanto al Consejo de Gobierno como a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para ser incorporadas al debate en la cámara.

• Que dentro del proyecto de elaboración de los presupuestos municipales se incluya la dotación económica suficiente para así poder dar inicio o culminar los planes de sectorización y/o aquellos trámites necesarios de aquellos sectores urbanizables que aún carecen de ellos.

TRATADA EN PLENO: 18/05/2017
VOTACIÓN:
RESOLUCIÓN:



Propuesta Pleno mayo 2017

 
 
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