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25.10.2017 ALEGACIONES PRESUPUESTO 2017.
RECLAMACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL DE LA AGRUPACIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE PARA ARANJUEZ (acipa) AL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2017
 
  
      
 
 


En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del lunes 2 de octubre de 2017, se anuncia que en la Intervención de esta Entidad Local, y conforme disponen los artículos 166.1 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se halla expuesto al público a efectos de reclamaciones el presupuesto general para el ejercicio de 2017, aprobado inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión celebrada el 21 de septiembre.

El Grupo Municipal de la Agrupación Ciudadana Independiente para Aranjuez (acipa), y en su representación, el Concejal Portavoz de la misma D. Jesús Mario Blasco Blanco, presenta las siguientes reclamaciones a la aprobación inicial del Presupuesto General para 2017 por incumplimiento del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Desde la aprobación inicial del presupuesto general para 2015, a finales de 2014, Aranjuez ha estado sin presupuesto, prorrogándose estos en 2016 y prácticamente de facto para 2017. Un Ayuntamiento de Aranjuez que, según el Informe elaborado por la Subdirección General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, no procedió a someter a informe previo y vinculante ambas prórrogas ante los sucesivos incumplimientos del Plan de Ajuste vigente.

Además de estas prórrogas, el primer presupuesto general de la legislatura 2015-2019 se somete a aprobación inicial a finales de septiembre de 2017, por lo que descontando periodos de alegaciones su puesta efectiva en marcha no sucederá hasta el mes de noviembre. Se puede dar incluso el caso de aprobarse las ordenanzas fiscales para el año 2018 mientras que el presupuesto del año anterior esté pendiente de aprobación definitiva. Una auténtica anormalidad democrática, menos entendible aún si tenemos en cuenta que no nos encontramos a inicios de legislatura, sino con el ecuador de la misma sobradamente sobrepasado.

Un presupuesto general que, a la vista del propio informe al que aludíamos más arriba, presenta diferencias poco significativas respecto a los presupuestos prorrogados durante esta legislatura, esto es, el presupuesto general elaborado por el Partido Popular. En resumidas cuentas, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, más de lo mismo. Estamos ante un nuevo presupuesto elaborado al socaire de un periodo de carencia del pago de los créditos ICO. Aquel, el de 2015, contemplado dentro de las medidas incluidas en las solicitudes de préstamos para el pago a proveedores. Este, el actual, consecuencia de un acuerdo para diferir el pago de estos mismos créditos. En ambos casos, una coyuntura aparentemente muy favorable que debía aprovecharse para la corrección de los graves desequilibrios económicos y tensiones de tesorería que sufre nuestra hacienda local. En lugar de eso, nos encontramos con un presupuesto que no solo no aprovecha ese ficticio superávit de presupuesto (de más de 1,7 millones de euros) sino que se apoya en él para poder ser elaborado.
Un presupuesto que debería ser realista para detener, por un lado, la generación continuada de deuda. No solo eso, que debería generar recursos para afrontar la deuda ya creada, con el plus de tener que afrontar los pagos adicionales de interés por la mera diferencia de los pagos a ejercicios posteriores. Estamos ante unos presupuestos que no suponen ahorro alguno, pues aprovechan ese no-pago de 1,7 millones de préstamos ICO para aumentar gasto. Para colmo, arrastra prácticamente todos los defectos de los que adolecía a nuestro juicio el presupuesto general de 2015.



-Si en 2014 el 48% de los ingresos procedían de los impuestos directos, del bolsillo de todos los ribereños, en esta ocasión tal porcentaje alcanza el 50%, prueba palmaria de la ausencia de gestión por parte del gobierno socialista de Aranjuez. Cero proyectos conllevan cero incremento de la capacidad productiva. Capacidad que no se gana de un día para otro, pero que en dos años y medio no ha visto siquiera sentar las bases para que se pueda producir a corto-medio plazo.

-Continúan las privatizaciones, esta vez encubiertas bajo supuestas municipalizaciones que no son tales. Solo así puede calificarse la remunicipalización del servicio de guardias, privatizando el servicio eléctrico mediante bajas temerarias, hecho que ha sido fuertemente contestado por parte de los trabajadores municipales, o la municipalización de la Ciudad Deportiva de Olivas. Una municipalización con cuatro privatizaciones de servicios que ya está provocando el deterioro de los mismos y que a buen seguro se convertirá en una fuente generadora de deudas en próximos ejercicios.

-Si en 2014 criticábamos que no se incluían previsiones para el pago de sentencias, nos encontramos lo mismo corregido y aumentado, con la salvedad de que ya tenemos sobre la mesa sentencias firmes como la de Cabezadas que supondrá el pago de más de 12 millones de euros, más intereses y costas del temerario recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo.

-También en 2014 desde acipa dijimos que se presentaban unos presupuestos sin venir acompañados de un Plan Económico Financiero que sirviese para corregir los graves desvíos en las magnitudes económicas de nuestra hacienda local. Una crítica a la que también se sumó el hoy gobierno, y que sin embargo no ha puesto en práctica cuando gobiernan ellos. Aparte de las graves tensiones de tesorería soportadas, según los últimos informes remitidos, el periodo medio de pago a proveedores se sitúa en 426,76 días y el periodo medio de pago pendiente del Ayuntamiento se sitúa en 699,89 días.

-Más allá de subidas o bajadas en pequeñas partidas (alegar a las mismas sería ya a estas alturas prácticamente fútil por encontrarse el ejercicio próximo a su cierre) se echa de menos la aplicación de medidas de ahorro en las partidas que suponen grandes gastos, como en la recogida de residuos sólidos urbanos, la tasa de extinción de incendios o el consumo eléctrico. Respecto a esta última, si bien se ha tratado de ajustar más al consumo real (recordemos que en 2010 y 2011 apenas se contemplaba en presupuestos la mitad de lo que se contempla en este presupuesto) seguimos sin apreciar medida alguna concreta de ahorro y de eficiencia energética. Nos consta que se están realizando estudios sobre la puesta en marcha de estas medidas, pero una vez más llegamos tarde. Sí se ha producido ahorro en los gastos del Capítulo 1, pero si en la pasada legislatura criticábamos con dureza que se cargaba la mayor parte del ahorro en la oposición, crítica compartida con el hoy gobierno, hoy tenemos que hablar de una situación todavía peor. El equipo de gobierno, integrado por poco más de la cuarta parte de miembros de la corporación, tiene siete veces más concejales liberados que los 18 concejales restantes.

Situación parecida nos encontramos con el personal eventual, recortando más medios a la oposición, y singularmente a nuestro partido, en un intento vano de acallar nuestra labor de crítica constructiva. En 2015, en un acuerdo incluso con los partidos que hoy apoyan la eliminación de medios para ejercer la labor de oposición, se pudo demostrar que era compatible alcanzar cifras de ahorro similares a las que se alcanzan con el acuerdo actual, pero dotando de medios proporcionales y ajustados a todos los grupos políticos. Si no se ha hecho ahora así, es porque lo que se persigue no es ahorro, es simple y llanamente, amordazar.

Esta y muchas otras críticas se podrían hacer a los presupuestos generales de 2017, tan similares a los precedentes que calcan muchos de sus defectos. Sin embargo, aún adolecen de algunos más, y como decíamos, basta leer el documento al que se aludía al principio, cuyos requerimientos y exigencias no se han cumplido en los casos siguientes. A la vista de dicho informe, se constatan los siguientes incumplimientos.

INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MISMO.

Se incumple el artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) que establece que “la aprobación definitiva del presupuesto general por el pleno de la corporación habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse.” En este caso estamos hablando de un retraso de diez meses en la presentación del presupuesto, casi un ejercicio completo, de manera que el presupuesto general, de aprobarse definitivamente, lo hará iniciado o a punto de iniciarse el mes de noviembre. Dos meses de vigencia de un presupuesto cuyas partidas estarán muy próximas a su completa ejecución, o completamente ejecutadas. Dicha circunstancia imposibilita así mismo las variaciones a proponer para cada partida individualizada, por las razones antes mencionadas.

Por otra parte, y siempre de acuerdo con el informe de Entes del Sector Público Local, el proyecto de Presupuesto General “estaría integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de Aranjuez, por el del organismo autónomo Desarrollo Socioeconómico y Fomento del Empleo, así como de los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles Sociedad Local del Suelo y la Vivienda SA (Savia) y Aranjuez Desarrollo y Empleo, SA”…”y también aparece la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural clasificada como administración pública desde el 1 de mayo de 2015, por lo que consolidaría en términos de contabilidad nacional junto al Ayuntamiento y al OOAA.”

En este caso, el artículo 168.2 establece que “El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto inicialmente por el órgano competente de aquellos, será remitido a la entidad local de la que dependan antes del 15 de septiembre de cada año, acompañado de la documentación detallada en el apartado anterior.” Mientras que en su punto 3 detalla que “Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente”. Por tanto, no solo no ha sucedido así con la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda SA, a la hora de acompañar la documentación del proyecto de presupuestos, sino que tampoco ha sido remitida, junto con la documentación correspondiente al organismo autónomo y el resto de administraciones públicas, al Ministerio de Hacienda para ser sometido a informe preceptivo, previo y vinculante. No solo se incumplen los preceptos de la Ley de Haciendas Locales, sino que también se incluyen los requerimientos del Ministerio, concretamente la Subdirección General de Financiación de Entidades Locales.

NO HAY ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El presupuesto presentado, según se desprende del Informe, presenta aparentemente una “correcta nivelación presupuestaria”. Sin embargo, más abajo se recuerda que “se ha comprobado en la liquidación presupuestaria de 2016 la existencia de saldos acreedores por devolución de ingresos indebidos por un importe de 327.279,41 euros, lo que exigiría que el presupuesto prorrogado tuviera un saldo positivo inicial en ingresos corrientes para dar cobertura a tales saldos”,

Se incumpliría el artículo 165.3. “Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad competentes.” ya que no se ha recogido la obligación de incrementar ingresos o minorar gastos en la cantidad de 327.279,41 euros para tener ese saldo positivo inicial. En lugar de eso, se presenta y se somete a aprobación inicial el presupuesto general nivelado en ingresos y gastos.

Por tanto, no solo se incumplen artículos de la Ley de Haciendas Locales sino que también se incumplen o no se atienden los requerimientos realizados tras el envío de los presupuestos generales a la Subdirección General de Financiación Local. Por añadidura, la no consolidación en el presupuesto general de organismo autónomo y sociedad mercantil, además de su no remisión al Ministerio, supone que no sea posible ver la auténtica realidad de la hacienda local.

GASTOS PRESUPUESTADOS INDEBIDAMENTE O A LA BAJA.

El actual contrato para la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria expiró a mediados del mes de septiembre, tras una prórroga de un año aprobada en marzo de 2016 y tras los seis meses de prórroga legal tras terminar dicho año. Pese a presentarse a finales de diciembre de 2016 un esbozo del nuevo pliego que regirá el nuevo contrato, todavía no ha sido presentado al Pleno de la Corporación para su aprobación o rechazo. Teniendo en cuenta que por su cuantía se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, existe la obligación prioritaria de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, además de la preceptiva en el Boletín Oficial del Estado. Esto obviamente dilata la tramitación aún cuando pasara por pleno la aprobación del pliego antes de terminar 2017.

Por tanto, a lo largo de todo 2017, y probablemente buena parte de 2018, estarán vigentes las condiciones recogidas en el contrato ya expirado, y que por tratarse de un servicio esencial el servicio se sigue prestando aún en ausencia de soporte contractual. Por tanto, en el presupuesto prorrogado que inmediatamente entró en vigor a enero de 2017 se sigue contemplando un gasto en esta partida de 6.600.006,00 euros. Sin embargo, en el presupuesto general aprobado inicialmente a finales de septiembre de este mismo año, el importe de gasto de esta partida es de 6.100.000,00. Por lo tanto, estamos ante una partida que ya parte tras su aprobación con un déficit de al menos medio millón de euros. De hecho, si vamos al estado de ejecución del ejercicio 2017 (en los seis primeros meses del año) vemos que en dicha partida la ejecución es de 4.561.515,46 euros, quedando pendiente de pago 2.038.490, 54. En todo caso, imposible de satisfacer con la cantidad contemplada en los presupuestos generales aprobados. Una cantidad presupuestada deliberadamente a la baja para cuadrar a capón las cuentas y nivelarlas, pese a que como hemos dicho anteriormente deberían haber generado incluso un superávit.

INGRESOS IMPROBABLES INCUMPLIENDO LOS PRINCIPIOS DE IMAGEN FIEL ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

Siempre según el informe de la Subdirección General de Financiación de Entidades Locales, no se pudieron contrastar las previsiones iniciales para el presupuesto de 2017 con respecto a las estimaciones comprometidas en el plan de ajuste en vigor de acuerdo al perímetro de consolidación en términos de contabilidad nacional por no haberse remitido (tal y como se comentaba más arriba) el presupuesto consolidado, si bien se desprende del seguimiento del plan de ajuste el incumplimiento reiterado del mismo.

Además, se comprueba que no se han aplicado ajustes a la baja en el presupuesto de ingresos. En sus conclusiones, condiciona el informe favorable a los presupuestos a todos los preceptos ya señalados en este escrito de reclamaciones, y además, incluye dos puntos más en los que exige que las previsiones de IBI urbano, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) debe limitarse al importe de padrón o matrícula aprobado para 2017, sin que se admitan nuevas altas derivadas de una mera expectativa de cobro. Sobre las previsiones iniciales del Impuesto de Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana (IIVTNU) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) afirma que no podrán exceder del importe obtenido en la recaudación total media de los últimos ejercicios liquidados.

En el caso de IBI urbano, según se desprende del informe del jefe de los servicios tributarios sobre el presupuesto de ingresos, el presupuesto de 13.325.000 euros corresponde a la prórroga de 2015 (ejercicio en el que se practicaron todas las liquidaciones de atrasos procedentes de la regularización catastral) siendo los derechos liquidados de 2016 de 12.776.000 euros, aunque la recaudación posterior superó dichos derechos, siendo de 12,9 millones de euros. No obstante en el presupuesto de ingresos contemplado en este presupuesto nos hemos ido a 13,12 millones de euros, ya que sí se han contemplado las nuevas expectativas de cobro, siendo superiores en al menos 15.000 euros respecto al padrón inicial aprobado para 2017.

Situación similar nos encontramos respecto al IVTM. En el informe del Jefe de Servicios Tributarios podemos leer que se lleva varios ejercicios presupuestando ingresos de 3 millones de euros sin llegar a cubrirse en ninguno de ellos. La recaudación total a este respecto en 2016, según el informe de la Subdirección de Financiación de Entidades Locales, alcanza los 2,67 millones de euros. Se propone el mantenimiento para el presupuesto de ingresos volver a presupuestar 3 millones, incumpliéndose de nuevo la condición impuesta de no contemplar nuevas expectativas de cobro. Misma situación respecto al ICIO (de 710.000-730.000 liquidados en 2015 y 2016, a 850.000 euros presupuestados para 2017, en base también a previsiones y expectativas de cobro.

 
 
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