LA SOCIEDAD LOCAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA SOLICITA ENTRAR EN CONCURSO DE ACREEDORES ANTE LA INCAPACIDAD DE LLEGAR A ACUERDOS CON LOS ACREEDORES Y LA FALTA DE TRABAJO PREVIO QUE DEJASE CLARO LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE ESTA Y DE SU SOCIO UNICO, EL AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.
Desde acipa vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo euro que sea propiedad de los Ribereños, ni que estos tengan que asumir pagos o deudas que no le correspondan, no vamos a tapar la mala gestión de nadie. No es tiempo de guerras políticas, pero tampoco vamos a dejar de denunciar las decisiones tomadas por gobiernos anteriores y la gestión realizada, porque a la situación a la que ha llegado savia no se debe solo al estallido de la burbuja inmobiliaria.
- 2016/07/13 14:09:48
Son ya kilométricas las notas de prensa que desde acipa hemos escrito sobre la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda. Han sido ya tantas las veces que hemos dicho, no solo que debía disolverse, sino que jamás debió haber sido creada, que creemos totalmente innecesario insistir más en el tema. Ahora, la Sociedad Local enfila su estación término, el concurso voluntario de acreedores, y esto sucede con la sensación de que no hemos llegado a esta situación de manera controlada, o con una hoja de ruta preestablecida, sino por el fracaso de las soluciones adoptadas previamente. Fracaso producto más de la incapacidad propia que de la situación real. Llegamos a este final con la necesidad de haber llegado a acuerdos, y ante la no existencia aún de estos, con la sensación de incertidumbre que es sin duda la peor en la que se puede estar en materia económica.
Haciendo una cronología de lo ocurrido desde que se decide por imperativo legal de la ley de racionalización estatal el cierre de la sociedad, podemos comprobar cómo se han ido quemando etapas sin que se haya podido evitar en lo más mínimo llegar a esta situación de incertidumbre, lo cual no habla bien precisamente de los integrantes de consejos, comisiones liquidadoras o miembros de Junta General, pero singularmente de aquellos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, puesto que tienen una más responsabilidad que la del resto.
LA LEY OBLIGA A LA DISOLUCIÓN.
El nueve de abril de 2015, el Consejo de Administración de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda aprobó mayoritariamente, con el voto favorable de acipa, la abstención de los consejeros del Partido Socialista y la inasistencia de la Consejera por IU, la disolución de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda, por imposibilidad manifiesta de consecución del fin social. Esta disolución se producía al no haber sido presentados los preceptivos planes de corrección de desequilibrios financieros, tal y como obliga la Disposición Adicional Novena de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta disposición decía textualmente que “si esta corrección (de desequilibrios financieros) no se cumpliera a 31 de diciembre de 2014 (…) quedaría automáticamente disuelta el 1 de diciembre de 2015”. En suma, la nefasta gestión realizada en años anteriores, impagos a empresas, pago de créditos y una buena serie de agujeros presupuestarios impidieron que ya las cuentas de 2012 y 2013 no tuvieran superávit, cuestión absolutamente paradójica teniendo en cuenta los más de 100 millones en plusvalías obtenidos por las operaciones inmobiliarias realizadas con el Patrimonio de Todos los Ribereños. Esta disolución contemplaba la cesión global de activos y pasivos de la sociedad local a su socio único, el Ayuntamiento de Aranjuez, facultados por lo estipulado en la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. El fundamento último de aplicación era el de ceder al socio único, el Ayuntamiento de Aranjuez, los activos de la Sociedad, cedidos de una manera absolutamente desordenada a la empresa privada por parte del Ayuntamiento, de manera que pudieran ordenarse de nuevo dentro de la estructura municipal, singularmente aquellos bienes pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo. Sin embargo, esa cesión global de activos y pasivos debería haber ido acompañada de la preceptiva redacción de un
proyecto de cesión global, y del establecimiento de una línea clara de trabajo entre ambas personalidades jurídicas, Savia y el Ayuntamiento de Aranjuez, para dirimir las obligaciones y derechos mutuos, esto es, qué le debe cada parte a la otra, teniendo en cuenta las desordenadas salidas del PMS hacia la empresa privada y la caótica gestión realizada con ellas, además de las obligaciones de pago del socio único (el Ayuntamiento) hacia Savia.
POSICIONAMIENTO DE ACIPA.
Desde acipa llevábamos muchos años solicitando esa disolución de la sociedad local. Tal y como decíamos en la nota de 10 de mayo de 2011, “desde acipa habríamos disuelto savia recuperando la gestión del suelo (que como recalcamos, es de todos los Ribereños) desde el propio Ayuntamiento, con una mayor eficiencia y generando recursos creadores de empleo” y corroborábamos en Pleno en abril de 2014, asumiendo “los beneficios y cargas” de la Sociedad, y no solo las deudas, como se pretendía en dicho pleno, reconociendo las deudas de consumo eléctrico del adjudicatario de la gestión del polideportivo. No obstante, en el consejo de abril de 2015 también advertíamos que dicha cesión de activos y pasivos no podía poner en peligro la viabilidad del propio socio único, el Ayuntamiento de Aranjuez. ¿Hay suficiente activo para hacer frente al pasivo? Se podría poner en riesgo la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento? Ante dichas dudas, desde acipa propusimos la fórmula del Concurso -voluntario- de Acreedores para que, dentro del mismo, se realizara la fase de liquidación.
El Concurso de acreedores, más allá de su mera definición, supone en teoría un balón de oxígeno a aquellas empresas que, devenidas en situación de insolvencia o suspensión de pagos, tengan que hacer frente a deudas a corto plazo, o a procedimientos judiciales no asumibles en ese espacio de tiempo. Otorga un plazo para reorganizar, negociar con los acreedores de manera que puedan hacer frente a sus obligaciones con ellos sin tener que poner en peligro la viabilidad de la empresa. No obstante, en el caso de savia, la viabilidad de la empresa ya no era posible, por estar disuelta, por lo que lo que se imponía era la negociación de condiciones más ventajosas de pago, plazos más largos o incluso quitas para poder amortizar más fácilmente dichas deudas.
Tras la llegada del 1 de diciembre, fecha en la que savia quedaba oficialmente disuelta y su Consejo de Administración pasaba a convertirse en órgano liquidador, dichas cuestiones reorganizativas seguían sin producirse. Seguía sin convocarse esa comisión técnica para establecer qué derechos y obligaciones tenía cada parte, el socio único con la Sociedad local y viceversa. A principios de este año, se decide por unanimidad del órgano liquidador y de la junta, la contratación de asesoría externa a la empresa Auren, consultoría de ámbito nacional y amplio alcance, prestigiosa. Dicha contratación tenía como objeto la elaboración de un estudio urgente que informara de manera independiente y rigurosa, jurídica y financieramente acerca de las distintas opciones manejadas como fórmula de disolución, la de cesión global de activos y pasivos ya aprobada en consejo o la variante optando por el concurso de acreedores, medida alternativa propuesta por acipa. El Vicepresidente de la Sociedad ahondó en la necesidad de conocer la situación real y exacta de la Sociedad Local. No dejaba de ser paradójico tener que recurrir a empresas externas para conocer la situación de una empresa que ha operado con patrimonio de todos y cuyo resultado de gestión influiría decisivamente en el socio único, el Ayuntamiento de Aranjuez, pero por mor de la rapidez a la hora de tomar decisiones se optó por esta fórmula y contó con nuestro apoyo. Se recomienda la recuperación del tracto registral interrumpido en febrero de 2012, depositando las cuentas anuales de 2011, 2012 y 2013 y aprobando las de 2014 y a la vista del informe financiero y de estado de la sociedad, tras valorar y cuantificar los activos y los pasivos, recomendaron la declaración de un pre-concurso de acreedores.
PRE-CONCURSO DE ACREEDORES
Tras hacer constar que la sociedad local se encuentra en equilibrio financiero, también se incidió en la existencia de una serie de deudas a corto y medio plazo muy difíciles de satisfacer, sobre todo las financieras con Liberbank (la antigua Caja Castilla-La Mancha) La situación empeoró sustancialmente en marzo de 2016, cuando se tuvo constancia de una sentencia condenatoria a favor de la constructora Isolux, de casi 1 millón de euros a satisfacer en 5 días desde la entrada en el Ayuntamiento de la
sentencia. Ante la imposibilidad de afrontar dicha sentencia, más las deudas financieras a corto plazo con Liberbank (que ascienden a más de 17 millones de euros) se decide unánimemente en el Consejo Liquidador que la Sociedad Local solicitase la entrada en pre-concurso de acreedores, amparándose en el artículo 5 Bis de la Ley Concursal, que suponía “poner en conocimiento del juzgado competente para la realización de su concurso que se han iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el artículo 71 Bis.1”. En otras palabras, se abría un paraguas de cuatro meses, tres para alcanzar un acuerdo de pago con los acreedores mayoritarios (Liberbank), con los minoritarios (diversas constructoras) parando las ejecuciones judiciales y evitando que estos acreedores nos instaran a un concurso obligado.
La apertura del pre-concurso cerraba la vía de la absorción tal y como se defendía y se aprobaba en el Consejo de Administración de abril de 2015, puesto que de realizarse, la existencia de deudas a corto plazo como la de Isolux podría precipitar que este acreedor llevase obligadamente a concurso a la Sociedad Local, a un concurso necesario, en cuanto tuviera conocimiento de dicha cesión global, pudiendo oponerse. Esta cesión de activos y pasivos no se produciría ya más que en el marco de un acuerdo extrajudicial o judicial, dentro del concurso. En el caso de este acuerdo, la llave la tendrían los acreedores financieros, por tener a su favor el mayor volumen de deuda.
Sin embargo, como paso imprescindible para la viabilidad de este pre concurso, se hacía necesario dar una serie de pasos, como un escrito firmado por todos los liquidadores, elaboración de planes de viabilidad, propuesta de convenio con los acreedores… Además, se estimó que las decisiones adoptadas en Junta General debían pasar y ser refrendadas por el Pleno Municipal. Una vez que ya existía un acuerdo unánime de Junta General de 30 de noviembre sobre el acuerdo de disolución, se hizo necesario que se aprobara, tal cual, por Pleno extraordinario, tal y como sucedió el 31 de marzo de 2016.
Conviene que nos detengamos en este Pleno, pues algunos interesadamente intentaron pervertir de manera torticera lo que realmente se estaba aprobando, jugando a confundir a la ciudadanía en un asunto extraordinariamente importante. En dicho Pleno, desde acipa dijimos que “debido a los problemas de liquidez y la existencia de un importante volumen de deuda a corto plazo imposible de satisfacer, debíamos garantizar la viabilidad de los activos del socio único (Ayuntamiento de Aranjuez), necesitábamos tiempo para la realización de un plan que certificara la realidad de nuestros pasivos, paralizara las ejecuciones judiciales y nos dotara de protección ante la posibilidad de que los acreedores se impacientaran y nos instaran a un concurso necesario. La vía del pre concurso nos permitía parar esas ejecuciones judiciales y por la vía de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Concursal, poder llegar a acuerdos al margen del concurso impuesto que nadie quiere y de la incertidumbre que supondría entrar en concurso voluntario sin un acuerdo previo con dichos acreedores”. Este acuerdo de Pleno no suponía más que refrendar un acuerdo de Junta General, que hablaba de cesión global, pero insistiendo en que era esa una circunstancia que no se formalizaría hasta ver qué ocurriría con la negoción con los acreedores, no se daba carta de naturaleza a la puesta en marcha de dicha cesión, tal y como los hechos que suceden actualmente ponen de manifiesto. No ha habido acuerdo con los acreedores en el periodo pre-concursal, no ha habido cesión alguna de activo y pasivo, con lo que sería deseable que todos aquellos que jugaron a sembrar dudas, cuando no a decir auténticas insensateces (hablar es gratis, desde luego, pero frivolizar en un tema tan serio es inadmisible) reconocieran sus errores.
Y AHORA, ¿QUÉ?
Pasados estos tres meses de pre-concurso, solamente se ha producido una reunión en la que participó el equipo liquidador, el Portavoz de acipa como invitado al no formar parte de dicho equipo entonces, los concejales de Hacienda e Urbanismo e Intervención y Tesorería, además de los asesores de Auren. Reunión inicial de tanteo, infructuosa pero que abrió una posibilidad de negociación que se quedó ahí. Todos somos conscientes de la dificultad de dichas negociaciones, pero dicha dificultad se acrecienta cuando se toman decisiones con la extraordinaria lentitud como la que se ha venido produciendo en todos estos meses. Desde abril de 2015 hasta marzo de 2016 la gestión de la Sociedad ha sido extraordinariamente lenta, teniendo además que afrontarse problemas como el cierre de la hoja de registro que obligó a depositar de nuevo las cuentas de 2012 y 2013 y recuperar el tracto registral, y sobre todo, la no presentación de un informe de ingresos que acompañara a un alargamiento de plazos de amortización de la deuda bancaria,
han precipitado agotar estos tres meses y abocar a la Sociedad Local a una situación peligrosa, a la incertidumbre. Y ahora, ¿qué? Se pueden preguntar legítimamente los Ribereños, los dueños reales de todo el Patrimonio de Savia… e incluso, “ahora, ¿qué?” se pueden preguntar los integrantes del consejo liquidador, e inclusive los responsables municipales… Las opciones eran, o concurso voluntario intentando alcanzar una acuerdo con los acreedores para negociar condiciones de pago más ventajosas, o un concurso sin dicho acuerdo, dejando todo al albur del administrador concursal de turno.
Nuevamente, como llevamos denunciando toda la legislatura, nos ha pillado, no un toro, sino una manada entera. Ya en las cuentas de savia recientemente aprobadas de 2015, el auditor hacía constar como salvedad que aún a día de hoy no están claras debido a su complejidad jurídica la existencia de obligaciones entre la Sociedad Local y el Ayuntamiento de Aranjuez. Es decir, Savia debe devolver a su socio único (el Ayuntamiento de Aranjuez) todos esos bienes dentro del Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) que jamás debieron ser cedidos a una empresa privada como Savia, y el Ayuntamiento debe devolver a Savia unas cantidades que a día de hoy, reconocidas, ascienden a 900.000 euros, entre otras sin reconocer que podrían ascender a bastante más. Hubiese habido proyecto de cesión o no, esta comisión entre ambas entidades debería haberse puesto en marcha para dilucidar estas cuestiones, puesto que ahora las prisas no son buenas consejeras, y menos para esto.
Desde acipa no vamos a señalar lo obvio, ni vamos a repetir el mantra de que la Sociedad Local debería haberse cerrado y asumido su gestión el Ayuntamiento, porque como decíamos al principio, a día de hoy es ya bastante patente. No creemos que sea tiempo de colgarnos medallas. Es tiempo de trabajar, lo ha sido siempre, y ahora con mayor motivo si cabe. Los equipos de gobierno desde 2001 son buenamente responsables de la situación actual respecto a esta sociedad, pero en la toma de determinadas situaciones todas las fuerzas políticas hemos sido responsables. Como decíamos en la nota del pleno extraordinario, no hay vencedores ni vencidos, no hay gurús ni purasangres. Hay unos activos (110 viviendas, parcelas, locales, garajes…) con un valor superior a los 26 millones de euros y una deuda financiera que asciende a 17 millones de euros que hay que satisfacer, además de alrededor de tres millones de deuda comercial, y esto no entiende ni de siglas ni de discursos con voz ahuecada. Entiende de trabajo y de responsabilidad, y desde acipa vamos a trabajar para que no se pierda ni un solo euro que sea propiedad de los Ribereños, ni que estos tengan que asumir pagos o deudas que no le correspondan, ni que se tape la mala gestión de nadie, aunque esas cuestiones se dirimirán en otros ámbitos. El que quiera irresponsablemente ponerse a jugar con bienes y patrimonio de todos tendrá que explicarlo a todos los vecinos de Aranjuez. No es tiempo de guerras políticas, pero tampoco vamos a dejar de denunciar la mala gestión realizada, porque a la situación a la que ha llegado savia no se llega solo por el hundimiento del mercado inmobiliario.