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CONSEJO SLSV MAS DE 7 MILLONES DE PERDIDAS.

SE APRUEBAN LAS CUENTAS DE 2012 Y 2013 FUERA DEL PLAZO LEGAL, POR LO QUE LA HOJA DEL REGISTRO MERCANTIL ESTÁ CERRADA PARA LA SOCIEDAD Y PODRÁ SER MULTADA, CON PERDIDAS DE 1.352.281,25 EN 2012 Y 5.285.920,29 EN 2013. EL GOBIERNO NO ELABORÓ EN EL PASADO MES DE ABRIL EL PLAN DE CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS AL QUE LE OBLIGABA LA LEY, NI SE HAN CORREGIDO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR LO QUE LA LEY 27/2013 OBLIGA A LIQUIDAR LA SOCIEDAD AL FINAL DEL 2015

La gestión del Gobierno actual ha sido malvender el poco patrimonio que quedaba, pasar la deuda de corto a largo plazo y defensores de esta Sociedad la han llevado a la total ruina, a sabiendas de que la Ley les obligaría a cerrarla, sin embargo cuando desde acipa hemos propuesto su cierre se han negado.

A las 8:00 de la mañana del miércoles 14 de enero de 2015 se celebró el Consejo de Administración de la Sociedad Local del Suelo y la Vivienda con dos puntos en el orden del día, además del de aprobación del acta de la sesión.

En el primer punto del orden del día, se aprobó solo con los votos favorables del equipo de gobierno la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la SLSV correspondiente al ejercicio 2012, con más de año y medio de retraso. Los únicos ingresos han sido de malvender patrimonio por de 1 millón de euros y unos gastos de 2,3 millones de euros, de los que un 18% son gastos de mantenimiento, que parte vienen de unos suministros eléctricos considerados como impropios (parte corresponderían al Ayuntamiento y parte a empresas ajenas), un 8% correspondería a coste de estructura y otro a coste de tributos. De entre los gastos financieros, un 34% corresponde a intereses financieros (700.000 euros, aproximadamente) arrojando todo ello 1,3 millones de euros de resultado negativo.
El Gobierno habló además del intento de reducción de tamaño de la Sociedad Local y del endeudamiento elevado, aunque afirmó que, al haber disminuido también notoriamente los ingresos, no han podido reducir dicho endeudamiento todo lo que quisieran. En la corrección de errores antes citada, aparecen 334.000 euros en reclamaciones eléctricas, correspondientes a los suministros eléctricos impropios mencionados anteriormente y que eran soportados por la Sociedad Local. También se ha reclasificado el edificio Stuart número 79 que, por error en su activación inicial en 2006 se contabilizó como existencias y, dada la naturaleza del uso que se le ha estado dando al mismo desde su adquisición, le corresponde la clasificación como inversión inmobiliaria por importe de 4,2 millones de euros. En 2012 se reclasificó en 3 millones de euros, por lo que se ha procedido a reclasificar también su correspondiente deterioro. Y por otra parte, como resultado de la adhesión del socio único (Ayuntamiento de Aranjuez al pago de proveedores, aparecen 207.000 euros de intereses de gestión que asumió el Ayuntamiento. En cuanto a provisiones y contingencias, se ha realizado una provisión de 1,3 millones de euros por obras del sector Agfa que se hicieron sin control y que Corsán Corviam Construcción S.A. reclama a la Sociedad, estando dicha cantidad en litigio. Otra respecto a la parcela P-74 que no se contabilizó, existiendo una reclamación judicial por parte de AGFA Aranjuez Servicios Inmobiliarios, de 2,8 millones de euros y otra provisión de 981.000 euros, correspondiente al valor neto contable por el que figura la concesión administrativa del parking de la Calle del Rey, que fue declarado ilegal en 2011. Se inicia el proceso de reclamación de esta cantidad y se cancela el crédito de CCM por este motivo.
El Informe de los Auditores es demoledor, aparece reflejado riesgo tributario en operaciones como las de la gestión del edificio Stuart número 79 y el polideportivo Olivas, aflorando una serie de dudas por las gestiones realizadas. Los auditores detectan que los activos del edificio Stuart no son 100% municipales, por lo que se debe minorar el valor del edificio.

A pregunta del consejero de acipa respecto al llamativo aumento de valoración de los terrenos (dentro del balance de resultados de 2012) de 439.000 euros en 2011 a 2,082 millones de euros en 2012, y de las construcciones pasando de 7,174 a 8,38 millones de euros en 2012, el Vicepresidente contestó que ese era el reflejo de la reclasificación a inversión inmobiliaria del edificio Stuart número 79, que por error en su activación inicial de 2006 se contabilizó como existencias cuando realmente le corresponde estar como inversión inmobiliaria, con importe de 4, 2 millones de euros de los que 2 millones corresponden al valor del suelo y 2,1 al valor de la construcción, de ahí el aumento entre ambos ejercicios.

Las cuentas de 2012 fueron aprobadas solo con el voto favorable de los consejeros del equipo de gobierno. Para el Consejero de acipa, Jesús Mario Blasco, “al igual que ya dijimos sobre las desastrosas evidencias constatadas en 2011, año tras año constatamos la terrible realidad de la Sociedad Local modélica y eficiente que nos quisieron vender hace más de 10 años, y que es una gigantesca máquina generadora de deudas, pleitos y agujeros financieros que cada día son más difíciles de tapar. Desde acipa siempre hemos manifestado que esta Sociedad no debería existir y el tiempo nos da la razón pero habiendo gastado millones de euros en estudios y proyectos en la anterior Legislatura y malvendiendo lo poco que quedaba por vender en este Gobierno. Se han dilapidado más de 130 millones de euros y cuyos activos no han hecho más que deteriorarse con el tiempo, toda vez que día a día van apareciendo nuevos “pufos”, más denuncias y se van acumulando las sentencias en contra ante las que hay que hacer provisiones de fondos cada vez más cuantiosas. Siempre hemos considerado que la SLSV no servía ni para gestionar el suelo ni para agilizar los trámites encaminados a su gestión. El reflote que pretendía el equipo de gobierno era imposible en 2011, y aún más imposible -si cabe- queda reflejado en estas cuentas de 2012. Podemos compartir algunas actuaciones encaminadas a reducir el endeudamiento o a poner orden en las cuentas, pero no compartimos que se diga que se ha hecho una política de reducción del tamaño de la Sociedad, pues esta ya vino impuesta por circunstancias ajenas a ellos, como la marcha del socio Larcovi y por la decisión personal del nuevo director gerente a propuesta del PP de no tomar posesión de su cargo. Director gerente que venía con un contrato blindado y con unos emolumentos brutos de 44.000 euros. Cantidades que no se compadecían con las supuestas pretensiones del equipo de gobierno de reducir gastos en la gestión de la sociedad”.

En el segundo punto del orden del día, se aprobó nuevamente con los únicos votos favorables del equipo de gobierno las cuentas y el balance correspondiente al ejercicio 2013, con casi un año de retraso. Los ingresos han bajado porque cada vez queda menos Patrimonio que vender. Se sigue hablando de suministros eléctricos de carácter impropio (un 13%) y se han afrontado más de 800.000 euros en vencimientos. En cuanto a los créditos fiscales, en 2008 se dio de alta un activo por créditos fiscales y en el ejercicio 2013 se ha procedido a dar de baja el crédito fiscal generado y reconocido de ejercicios anteriores que asciende a 1, 552 millones de euros ya que no existía seguridad de cuándo se podrá compensar con futuras bases imponibles positivas. En julio de 2013 se produjo la novación del préstamo de CCM por importe de 7 millones de euros, que a 31 de diciembre estaba contemplado como a corto plazo, estableciendo el nuevo vencimiento en mayo de 2019. En cuanto a las existencias, en el ejercicio 2013 se han realizado correcciones valorativas por deterioro de las mismas, en concreto de parcelas situadas en el sector AGFA, basada de una serie de tasaciones elaboradas por la empresa tasadora Eurovaloraciones S.A. en diciembre de 2013. Es decir, se constata una sobrevaloración que hace que la Sociedad Local pierda dinero constantemente en sus actividades comerciales, ya que se estarían comercializando activos que contablemente tenían un reflejo más caro, pero en la realidad se estaría perdiendo dinero, aumentando de esta manera las pérdidas. Gracias a la corrección desaparecen en el informe de 2013 las referencias a esta sobrevaloración. En cuanto a las provisiones, se mantienen las ya realizadas en 2012. Respecto al aparcamiento de la Calle del Rey, declarado ilegal en 2011, se afirma que se reconoció devolución en concepto de canon e intereses referidos a la concesión de dicho parking por valor de 1,009 millones de euros a la sociedad por lo que, existiendo deudas vencidas y líquidas y exigibles entre ambas partes, se procedió a aprobar por Decreto de fecha 15 de mayo de 2014 la compensación de oficio de deudas de tributos varios de la Sociedad con el Ayuntamiento por valor de 709.000 euros, quedando pendiente de pago a esa fecha casi 300.000 euros, resultado de la compensación antes citada.

Siendo la situación caótica, solo con las cuentas presentadas, hay que añadir los contenciosos abiertos con Corsan Corviam, con Yeregui, por la parcela P-74, con CADE por la gestión del Polideportivo, con otras dos empresas por las parcelas P-82 y P-83, un pleito por ocupación de espacio privado por parte de un promotor local. A preguntas del consejero de acipa acerca de no haber tomado esta decisión antes, el Vicepresidente contesta que la disolución no se contempló antes para que no se produjera un deterioro de los activos previo a su comercialización.

Para el consejero de acipa, Jesús Mario Blasco, “resulta sorprendente que se invoque el nuevo marco jurídico para disolver la sociedad local cuando el horizonte financiero de la misma era como mínimo tan malo en 2013 como ahora. En dicho ejercicio se han tomado decisiones profundamente erróneas, como trasladar los pagos de corto a largo plazo del crédito con Caja Castilla La Mancha, teniendo que afrontar vencimientos en 2019 por valor de más 3 millones de euros, toda vez que se ha ido vendiendo gran parte de los activos de la sociedad por debajo del precio de tasación. Recordemos que en 2014 se ha procedido a la enajenación por subastas sucesivas adjudicándose parcelas a precios sensiblemente inferiores al de la última tasación. Por tanto, resulta pintoresco hablar de que los auditores detectan sobrevaloración de activos cuando se venden los mismos muy por debajo de los precios asignados en una tasación realizada hace muy poco. Es decir, consideramos que el deterioro financiero también sería imputable a las últimas actuaciones de la sociedad y no solo a las imputables a los ejercicios pasados. Queremos poner de manifiesto que la desastrosa y suicida política llevada a cabo por los anteriores gestores de la Sociedad Local, resumida en no reconocer riesgos, en no pagar a nadie, en asumir gastos impropios y en suma, en dilapidar ingresos alegremente en actividades que poco o nada han redundado en el beneficio de los ribereños nos ha llevado a perder una década vital en el desarrollo de nuestra ciudad, aparte de cuantiosos recursos materiales que bien empleados podrían haber resuelto muchos de los problemas que afrontamos actualmente. Todo ello, sin olvidar que los actuales gestores no han sabido reflotar algo que ya les advertimos era imposible reflotar, y que han contribuido también a descapitalizar realizando erróneas políticas de enajenación de activos. Una vez más, el tiempo nos ha acabado dando la razón, para desgracia de todos.”